Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

1:07 de la madrugada del 18 de diciembre de 2019. “Estoy emputada”. El mensaje, desde la sede Centro de la Universidad del Atlántico, lo envió Madelayne Ortega Villa a una amiga.

Seis horas después, a través de Emisora Atlántico, se conoció la peor de las noticias de la toma del alma mater que llevaban a cabo estudiantes universitarios, bajo la orientación de “adoctrinadores” encargados de su “entrenamiento ideológico”:

Desde ese fatídico diciembre, Roberto Ortega va todos los domingos al Cementerio Jardines del Sur a visitar la tumba de su hija. Su rostro adusto, su mirada triste y cada frase que expresa reflejan el dolor y la incertidumbre que ha sentido durante los últimos 1.057 días de su vida por no saber nada sobre la “muerte violenta por determinar” de Madelayne, 17 años, como la calificó desde aquel momento la Fiscalía de Barranquilla.

Hoy, solamente sabe lo mismo que el día del levantamiento del cadáver: que su hija recibió un golpe en la cabeza luego de que, supuestamente, se lanzó al vacío en el lugar donde estaban los tomistas de la sede universitaria.

Aún el padre no sabe si fue desde el segundo o tercer piso de ese lugar, pues nunca hicieron la recreación forense de lo sucedido.

Luego de la autopsia inicial, Medicina Legal le anunció que “tenían que hacer unas pruebas fuera de Barranquilla”, que resultarían vitales para saber las causas de la muerte y que en especial podrían determinar si fue un asesinato, pero nada supo de los resultados.

La oscuridad en la que la Fiscalía ha mantenido la investigación es tal que cambiaron en cuatro o cinco oportunidades a los fiscales que llevaban el proceso, lo que le dificultó saber cómo avanzaba.

Relata que, aquel miércoles, ni siquiera le permitieron ver el cadáver con la justificación de que “mejor recordara su imagen en vida”. Como la familia está segura de que Madelayne “no tenía motivos ni razones para suicidarse” -esta es una de las hipótesis de la Fiscalía- él, en su deseo de saber la verdad, se atrevió a ver unas fotos y conoció que, en la supuesta caída en un lugar estrecho, su hija “no sufrió más fracturas ni laceraciones en el cuerpo”. Por eso, angustiado, insiste en que “sucedió algo más que no ha sido investigado”.

En su diálogo con Emisora Atlántico y Zona Cero.com, Roberto Ortega recuerda que cuando vio que la investigación no avanzaba, y ya advertía que iba rumbo a la impunidad, pidió que trasladaran el proceso a Bogotá, pero el fiscal Adolfo Niebles, que llevaba el caso y en el que confiaban por ser un amigo de infancia de Soledad, les dijo que no, que debía investigarse aquí. Pero nada ha sucedido.

Como tampoco fue atendida la petición que hizo el ex rector de la Universidad del Atlántico Jorge Restrepo, en Bogotá, al entonces fiscal general, Fabio Espitia Garzón, para que nombrara un “fiscal especial a efectos de que dedique todo el tiempo, esfuerzo y medios técnicos y tecnológicos existentes al servicio de la criminalística en aras de esclarecer la lamentable muerte”.

En su petición, Restrepo expuso dos argumentos clave sobre el porqué de un fiscal especial: uno, que existía la “presunción del delito de feminicidio, o sea uno más de los que esta sociedad se ha acostumbrado a observar” y, dos, por “haberse perpetrado al interior de una institución de educación superior, en donde se supone debe emerger la fuente del pensamiento con sentido humanista (…), en donde la vida y la dignidad humana se conviertan en el núcleo esencial, y no en un escenario de muerte y desesperanza social”.

A pesar de que la solicitud, de manera directa, hablaba de un posible feminicidio, la Fiscalía en Bogotá tampoco dio importancia a la investigación, ni respondió la petición, informó Restrepo. Lamenta que en vez de que se hiciera justicia, el caso se ha convertido en un “despropósito”.

Al igual que el padre de Madelayne, el exrector también lamenta que la Fiscalía no vinculó a nadie a la investigación, a pesar de que en la sede Centro estaban cerca de 30 personas, entre estudiantes y sindicalistas y activistas -algunos de éstos vinculados a grupos políticos con influencia en la Fiscalía- que tenían el control de las instalaciones y hasta intentaron quemar vivo a un vigilante, como lo denunció la universidad días antes de la muerte de la joven.



Sobre el mensaje que su hija envió a la amiga horas antes de morir, Roberto Ortega no tiene duda de que ella quiso contar algo que le había pasado y que lo que deseó expresar estuvo relacionado, finalmente, con su muerte violenta. El padre rechaza que ni el novio de Madelayne, que formaba parte del grupo de tomistas, le dio la cara a la familia para explicarles lo que sucedió.



En medio de su desesperanza, el angustiado padre no se cansa de pensar que la Fiscalía ha sido negligente, y que la institución transita el camino de la impunidad, a pesar de que internamente, entre quienes han conocido la investigación, existe la opinión de que fue un asesinato.



Conocer la verdad es lo que Roberto Ortega más desea, pero teme que no haya justicia. Teme que la impunidad vuelva a ganar de la mano de la Fiscalía. Para él y su familia, Madelayne, quien comenzaba a construir sus sueños en primer año de Derecho, no merecía morir.